Apagando el fuego con gasolina

Hace casi una década, en otoño de 2009, la presencia de Nick Griffin, líder en esos años del ultraderechista Partido Nacionalista Británico en el programa político de la BBC con mayor audiencia en el Reino Unido, ‘Question Time’, levantó tanta polémica en las islas como esta semana lo ha hecho la entrevista, en el Canal 24 horas de TVE, al dirigente de EH Bildu, Arnaldo Otegi.

Tanto Griffin entonces, como Otegi ahora, entendieron desde el primer momento que su comparecencia ante las cámaras iba a ser lo de menos, y que lo verdaderamente importante sería la publicidad que durante días rodearía su presencia en los estudios de la BBC para el primero o, en el caso del que fuera militante de la banda terrorista ETA, en los de TVE.

La invitación a aquel líder ultraderechista británico provocó manifestaciones en contra a las puertas de la BBC, incluso que un parlamentario tachara a la emisora pública de “irresponsable”. El entonces primer ministro, el laborista Gordon Brown, dijo que si durante el programa se le preguntaba a Griffin por el racismo y la xenofobia “oiremos sus puntos de vista”, evidenciando que sería él mismo quien se retrataría ante la audiencia.

Como el pirómano que apaga el fuego con gasolina, Griffin, por si los ánimos no estaban ya suficientemente caldeados, declaró horas antes de su presencia en el mencionado debate que el programa de esa noche sería “un deporte político sangriento”. Algunas de sus ‘perlas cultivadas’ fueron que la existencia del Holocausto era tan solo “propaganda de los aliados y una mentira muy rentable” o calificar de “repugnantes” a los homosexuales.

El en esos días director general de la BBC, Mark Thompson, declaró por su parte que “la censura política no se puede aplicar a la BBC ni a ningún medio de expresión de opinión”, añadiendo que “solo una censura similar a la impuesta en los años ochenta contra el Sinn Fein logrará romper los principios de imparcialidad de la corporación”. 

Cabe recordar que durante los gobiernos de Margaret Thatcher, en la televisión pública se podía ver la imagen de los líderes del considerado brazo político del IRA, pero no escuchar sus voces, por lo que se recurría al doblaje aunque estos hablaran en perfecto inglés. Aquella norma duró hasta 1994, en que John Major la derogó.

En 1985, el Consejo de Administración de la BBC acordó aceptar una ‘propuesta’ del Gobierno británico y no emitir un programa dedicado a Irlanda del Norte que contenía una entrevista grabada con el presunto jefe militar del Ejército Republicano Irlandés, Martin McGuinness. En el mismo, se hablaba también con Gregory Campbell, representante del Partido Unionista Democrático, la formación más extremista de los protestantes legales. 

Un antiguo director de la cadena pública en la década de los sesenta, Hugh Green, lamentó que la BBC «se dejara intimidar por la señora Thatcher», quien ni siquiera había visto el programa. Green añadió que el Consejo de Administración hubiera tenido que recriminar al Gobierno “por recurrir a sus poderes de censura, hasta ahora no utilizados en tiempo de paz”. 

Desde hace unos años, el Libro de estilo de la BBC ha suprimido la palabra terrorista, asegurando que se hace por su elevada “carga emocional” y en aras de una mayor objetividad. Por ello, aquí sorprende tanto que se refieran a ETA en sus informativos como la organización separatista vasca.

Ese mismo año, en 1985, la editora del diario ‘The Washington Post’, Katharine Graham, escribió una aleccionadora tribuna, que en España se publicó en las páginas de ‘El País’ y que tituló ‘Medios de comunicación y terrorismo’, en la que concluía que “puede que la publicidad sea el oxígeno de los terroristas, pero la información es la savia de la libertad”.

Lo cierto es que la entrevista a Arnaldo Otegi apenas alcanzó en la noche del pasado miércoles un ‘share’ del 1,6% y fue seguida por apenas unos 242.000 espectadores. Y es muy probable que, de no haberse generado la polémica suscitada, con peticiones de apagón, incluso, por parte de dirigentes de diversas formaciones políticas (PP, Cs y Vox) o de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la misma hubiera tenido mucho menos impacto del registrado. Al tal Griffin, con tanto o mayor escándalo y con afirmaciones no menos cuestionables y virulentas que las de Otegi, lo vieron en 2009, en todo el Reino Unido, unos tres millones de espectadores. Y no consta, para nada, que saliera ‘blanqueado’ de aquel programa.

[eldiario.esMurcia 28-6-2019]

 

El lío de Liarte

Conocí al abogado Juan José Liarte cuando, durante la campaña de las pasadas autonómicas y municipales, realicé las correspondientes entrevistas electorales en TVE Murcia. Apareció en solitario un día en el que el convocado era el número uno a la Asamblea Regional y presidente provincial de Vox, Pascual Salvador. A última hora, desde el partido nos informaron de que a este último le era imposible asistir a la entrevista, por lo que vendría el número dos de la candidatura. A Liarte, un novato en estas lides -como él mismo me reconoció- se le vio sorprendido de pronto en la sala de maquillaje y, luego, ante las cámaras y los focos del estudio. Intenté tranquilizarlo y mantuvimos una conversación en antena de la que, al menos, él salió satisfecho. Reconozco que tuvo un discurso más fluido que el del líder provincial. Tras ella, en el pasillo, coincidió con la cabeza de lista de Ciudadanos, Isabel Franco. Ambos se saludaron protocolariamente y Liarte le reconoció que le gustaban sus formas y su estilo expositivo. «Pues vótame», le respondió ella sin dudarlo.

De Liarte, al que volví a ver la noche electoral en el Mercado de Correos, en Murcia, y el día en que se constituyó la Asamblea Regional, en Cartagena, tenía una aceptable impresión, por la aparente moderación exhibida durante la mencionada entrevista en la pantalla de TVE. Me pareció ‘rara avis’ en un partido donde predominan las posturas fundamentalistas para determinadas cuestiones. «Ya ves que no vengo con las pistolas y las cartucheras», bromeó ese día que estuvo en el estudio, donde incluso permaneció como espectador durante la siguiente charla, con su rival naranja, Isabel Franco, a la que educadamente pidió permiso para hacerlo.

Cuento todo esto a raíz del execrable comentario que Liarte ha publicado este domingo en su perfil de Facebook sobre la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, a la que ha llamado «tiparraca», «embustera» y «p…», un atisbo de palabro, este último, tras el que se intuye el apelativo atribuido a las mujeres de vida licenciosa. Me ha sorprendido en alguien que se nos presentaba como un tipo solvente y moderado y sobre el que de sí mismo aseguraba que no había que guardar distancias. Liarte, portavoz parlamentario de Vox en la Asamblea desde hace unos días, ha hecho honor a su apellido, liándola parda y bien gorda, cayéndole la del pulpo, por lo que hasta la Fiscalía General del Estado podría tomar cartas en el asunto «por su eventual trascendencia penal». Grave error el suyo, de consecuencias aún insospechadas. «Si esta es la legislatura que nos espera, insultar a las mujeres pagado con dinero público, igual se lo debería pensar y volver a su despacho», ha escrito en las redes sociales su ‘admirada’ Isabel Franco. Él intentó recular después alegando que esa era una frase «que se utiliza en ambientes policiales». Desconozco qué tipo de ambientes frecuenta este hombre, pero a eso se le suele denominar pura y llanamente machismo retrógrado, para entrar a un sitio con tan mal pie, precisamente cuando Vox reclama que aspira a sentarse en el Consejo de Gobierno murciano, junto al PP y Cs, para aplicar su ‘proverbial’ programa electoral lleno de principios, arreglar el mundo que se desmorona -como dicen en ‘Casablanca’- y acabar con todos los chiringuitos posibles. Cosas de la política, esa que a veces hace extraños compañeros de cama, como sentenció el ‘premier’ británico Winston Churchill, quien se desayunaba con unos cuantos lingotazos de whisky, y aquí remachó un más sobrio, pero no menos temperamental, Manuel Fraga Iribarne.

[eldiario.esMurcia 24-6-2019]

Pepe López y la tierra prometida

En 1987, el Partido Cantonal (PCAN) vio colmada su máxima aspiración de gobernar el Ayuntamiento de Cartagena. Había sido fundado en plena Transición, hacia 1977, por el abogado Julio Frigard, quien durante el franquismo fue responsable local del Movimiento, un hombre de ideas conservadoras y nada partidario del futuro Estado de las autonomías. Poco tiempo después, Frigard cedería el testigo al médico cartagenero Carlos Romero Galiana, un traumatólogo de perfil socialdemócrata, quien encabezaría la lista cantonal en las elecciones municipales de 1979, obteniendo siete ediles. Apenas un año antes, el PCAN había concentrado a más de 10.000 personas en la ciudad para reivindicar la provincialidad. A mediados de 1980, cobró especial eco mediático un gesto protagonizado por varios de esos ediles cantonales, quienes, en público y tijera en mano, hicieron jirones una bandera del naciente Consejo Regional de Murcia. Pero aquello nunca traspasó el terreno del insulto verbal.

Menos de una década después, el arquitecto Antonio Vallejo Alberola, concejal desde esos primeros comicios municipales, empuñó el bastón de mando de la ciudad a lo largo de esa legislatura. Su lista fue la más votada, igualando a 10 concejales con el PSOE, si bien Alianza Popular deshizo ese empate a favor del candidato cantonal. Durante su mandato, se remodeló el Paseo de Alfonso XIII, la Alameda de San Antón y se construyó el estadio de fútbol Cartagonova, sustituyendo al vetusto pero entrañable Almarjal. Además, se sentaron las bases para remozar el Puerto y emprender las excavaciones en el Teatro Romano. Con Antonio Vallejo al frente de la corporación, la multinacional General Electric fijaría la sede en La Aljorra de su factoría de plásticos. Y, también bajo su mandato, se crearían las fiestas de Carthagineses y Romanos que perduran con pujanza aún en nuestros días.

Podría decirse que el recuerdo que aquel paso por la corporación dejaron los cantonales fue bastante dulce, a tenor de los logros obtenidos. Vallejo fue un alcalde dialogante, negociador pero reivindicativo, si bien su discurso nunca rayó más allá de lo que el respeto y la educación deben deparar a todo buen gobernante. Desde 1991, en que el PCAN abandonó la alcaldía de la ciudad portuaria, la presencia cantonal fue disipándose en las sucesivas corporaciones.

En 2003 nace Movimiento Ciudadano (MC), una federación de partidos en la que se integra un ya minoritario PCAN. Entre esas formaciones, aparece una plataforma de independientes a la que pertenece el empresario José López Martínez. MC se presenta a las municipales de ese año y obtiene solo un concejal. Vuelve a concurrir en 2007 y alcanza los dos ediles. En 2010, el PCAN abandona MC por disensiones internas y diferencias de criterio. En la convocatoria de 2011, MC pierde un concejal y se queda solo en la corporación el mencionado José López, que ya lo lidera. Pero en 2015 multiplican su representación hasta por cinco. Tras esas elecciones, donde el PP de Pilar Barreiro -alcaldesa desde 1995- había sido el más votado al conseguir 10 concejales, pero sin repetir mayoría absoluta, MC suscribe un acuerdo ‘in extremis’ con el PSOE (6 concejales) -y el ‘soporte externo’ de los tres ediles de Cartagena sí se puede (Podemos)-, repartiéndose la alcaldía en los dos primeros años para ellos y los dos finales para los socialistas. A aquello se lo denominó ‘el pacto de la servilleta’, por ser sobre esa higiénica base sobre la que se estamparon las firmas.

El mandato de José López no estuvo exento de polémica, criticándosele sus formas y maneras para encarar los debates con el resto de grupos municipales. Llegó a expulsar a ediles del salón de plenos, recurriendo a la actuación de los agentes de la Policía Local. Un vídeo con algunas de sus más destacadas ‘actuaciones’ se viralizó con notable éxito en las redes sociales. La relación entre López y la primera edil del PSOE, Ana Belén Castejón, a la que calificó de “corrupta e incapaz”, también acabaría como el rosario de la Aurora.

En la municipales de 2019, MC fue la lista más votada, con ocho concejales. Sin embargo, un acuerdo de última hora, en una especie de ‘frente anti-Pepe López’, impide que gobierne en solitario. PSOE, PP y Cs suscriben el mismo sábado en que se constituye la corporación un singular acuerdo para gobernar por dos años los socialistas y, los dos restantes, la candidata popular, Noelia Arroyo. Además, el edil de Cs, Manuel Padín, sería teniente de alcalde. La ejecutiva del PSRM-PSOE desautoriza el pacto y anuncia que abrirá expediente sancionador a los integrantes de su grupo municipal.

López no encaja de buen grado esta decisión, muy parecida a la que él coprotagonizó cuatro años atrás, perfectamente democrática con arreglo al vigente sistema electoral que tiene nuestro país, por lo que sus partidarios convocan, al día siguiente, domingo, una concentración a las puertas del Palacio Consistorial, a la que él mismo acude y es recibido al grito de “¡alcalde, alcalde!”. López se dirige a los concentrados en tono irascible, habla de estrellar puños en la cara de los adversarios políticos y de esa “puta Murcia” que le roba a los cartageneros, ante el aplauso generalizado de los cientos de manifestantes. Dice que no tiene pelos en la lengua y que llama “cabrones a los ladrones” y “murcios a los que nos roban el desarrollo y la vida… que nos traen el AVE sin soterrar… y que mandan los puestos de trabajo y el dinero otra vez a la puta Murcia”.

Es evidente que López ha encontrado una veta en el victimismo populista frente “a la Murcia que nos roba”, como el nacionalismo catalán hizo respecto al poder fáctico que ellos denominan despectivamente España. Lo cierto es que su discurso incendiario cala entre el electorado y que sus casi 24.000 votos (27,4%) de esta pasada consulta no son una mera anécdota. En 2011 apenas superó los 4.600 y en 2015 ya eran casi 15.000 sufragios. Lo previsible es que Pepe López pasará la legislatura encabezando un consistente grupo municipal y denunciando que las inversiones, las infraestructuras y las soluciones no llegan nunca porque el tripartito es, en su jerga, una pandilla de inútiles. Y será muy posible que la progresión que MC experimentó, desde que hace ocho años su líder se convirtiera en el llanero solitario de la corporación, vaya ‘in crescendo’. E intuyo lo que ocurrirá si entre todos lo acorralan, lo convierten en víctima y él sigue actuando como el Moisés que dirige a su pueblo para liberarlo de la esclavitud hacia la tierra prometida: que en 2023 se aproximará a la inapelable mayoría absoluta como el profeta lo hizo a la zarza ardiente.

[eldiario.esMurcia 17-6-2019]

37 años después

La política debería cincelarse con hombres emblemáticos como el desaparecido Antonio Pérez Crespo, una personalidad de consenso procedente de aquel proyecto que navegó por las procelosas aguas de la Transición, que se llamó Unión de Centro Democrático (UCD) y que capitaneara un patrón llamado Adolfo Suárez.

Gentes como Pérez Crespo nos hicieron entender, a cuantos despertábamos a las inquietudes socio-políticas en aquellos días de vino y rosas, que por lo que había que luchar, ante todo, era por llevar a buen puerto una nave que amenazaba con naufragar a cada golpe de mar. Una embarcación que a punto estuvo de zozobrar varias veces por la incomprensión de unos, las prisas de otros o la abulia de quienes no creían en casi nada.

Fue en septiembre de 1978 cuando se dio luz verde al decreto-ley que creaba la figura pre-autonómica para la Región de Murcia. Y en noviembre se constituyó el denominado Consejo Regional como órgano de gobierno. Lo formaban los parlamentarios de las Cortes Generales elegidos por la provincia junto a representantes del territorio, más un representante de la Diputación Provincial. Su primer presidente, elegido en noviembre y por espacio de unos seis meses, sería el propio Antonio Pérez Crespo (UCD), si bien luego le sucedería en mayo de 1979 el socialista Andrés Hernández Ros, quien resultaría elegido tras las elecciones de ese año.

En junio de 1980 el Consejo Regional acordaba iniciar lo que se vino a denominar proceso constituyente. Y fue sólo unos días después, concretamente el 11 de junio de 1980, cuando se creó una comisión redactora del anteproyecto de Estatuto, órgano compuesto por 25 miembros en representación de los partidos sentados en el mencionado Consejo Regional, así como de aquellas fuerzas que, aun no estando presentes en el órgano de gobierno pre-autonómico, se quiso que se incorporaran a la importante tarea en tan trascendental momento.

Tras celebrar varios encuentros, que concluyeron a finales del mes de julio, se editó un documento que se repartió entre la ciudadanía para que se conociera el texto provisional, folleto que además adjuntaba las aportaciones que al articulado de forma alternativa presentaban los partidos allí personados. Tras un período de información pública, el texto se publicó en el Boletín Oficial del Consejo Regional. Corría el mes de octubre de 1980. Meses después –marzo de 1981–, la Asamblea de parlamentarios y diputados provinciales lo enviaba a las Cortes Generales y no sería hasta casi un año después –febrero de 1982– cuando se votaría en el Congreso de los Diputados. Ese anteproyecto obtuvo entonces un total de 266 votos a favor, ninguno en contra y 26 abstenciones. De allí pasó al Senado, donde también se aprobó, en el mes de mayo, si bien hubo de devolverse a la Cámara Baja al haber sido enmendado. El 25 de mayo de 1982 se aprobaba definitivamente en el salón de plenos del palacio de la Carrera de San Jerónimo por 258 votos a favor, 5 en contra y 17 abstenciones. El rey Juan Carlos sancionó el Estatuto el 9 de junio de 1982, por lo que sería esa fecha la elegida para conmemorar desde entonces el Día de la Región de Murcia.

Un murciano ilustrado, como fue Diego Saavedra Fajardo, dejó caer en cierta ocasión que todo el estudio de los políticos se emplea en cubrirle el rostro a la mentira y que esta pareciese verdad, disimulando el engaño. Convendrán que tal aseveración del diplomático de Algezares cobra notoriedad en estos días en los que asistimos a una suerte de feria de las vanidades con, en ocasiones, obtusas negociaciones encaminadas a cimentar pactos no siempre comprensibles a los ojos y entendederas de este ciudadano de a pie y con minúscula.

[eldiario.esMurcia 10-6-2019]

El centro decisivo

La debacle del Centro Democrático y Social (CDS), aquel partido creado a su imagen y semejanza por Adolfo Suárez en 1982 tras autodinamitarse Unión de Centro Democrático (UCD), comenzó hace justo treinta años. Se desencadenó al pactar, en junio de 1989, una moción de censura con Alianza Popular (AP), que en Madrid descabalgó de la alcaldía al socialista Juan Barranco, aupando al sillón capitalino al exministro y fiel escudero del que fuera presidente del Gobierno, Agustín Rodríguez Sahagún. En aquellas autonómicas y municipales, el CDS alcanzó el mayor respaldo de su historia, con casi dos millones de votos, obteniendo la presidencia del gobierno canario, una representación de 200 diputados en más de una docena de parlamentos autonómicos, casi 700 alcaldes y unos 6.000 concejales en numerosos ayuntamientos del país. Aquel proyecto, concebido como tercera vía por el entorno de su carismático líder tras la cruenta experiencia del conglomerado ideológico que supuso la extinta UCD, fue lo más cercano al centro político que ha existido en nuestro país desde la etapa de la Transición.

Hasta ese año 1989, en un país netamente bipartidista, el CDS supo guardar distancias con las dos grandes formaciones (PSOE y AP), pasando de sus exiguos dos diputados en el Congreso de 1982 hasta alcanzar notables éxitos electorales, como ocurrió en las generales de 1986, con casi una veintena de escaños. Sin embargo, el pacto madrileño con la derechista y conservadora AP, cuyo grupo municipal encabezaba José María Álvarez del Manzano (quien luego accedió a la alcaldía en 1991 y la retuvo hasta 2003), marcaría el principio del fin de la formación centrista, integrada apenas un año antes en la Internacional Liberal, que llegó a presidir el propio Suárez.

En Murcia, el CDS también había cosechado un apreciable éxito al obtener en aquellas municipales de 1987 cinco concejales en el ayuntamiento de la capital; unos comicios en los que la lista del PSOE, encabezada por José Méndez, fue la más votada, alcanzado los 12 ediles, pero no la mayoría absoluta. Sin embargo, las negociaciones del CDS con AP, que contaba con 10 concejales, no fructificaron, y ni Ramón Luis Valcárcel, entonces candidato popular, ni Adolfo Fernández, centrista, vieron colmadas sus aspiraciones de convertirse en alcalde con el mutuo apoyo. A lo largo de la legislatura, ambos amagaron varias veces con presentarle una moción de censura al PSOE, si bien esta sería solo una amenaza que no cuajó como sí ocurriera en Madrid.

En 1991, tras unos resultados decepcionantes en las autonómicas y municipales de ese año, Adolfo Suárez dimitió como presidente del CDS. Muchos cargos y militantes centristas se pasaron en masa a otras formaciones, fundamentalmente al refundado PP que terminó por fagocitarlo. Los rescoldos del CDS prolongaron su agonía durante unos cuantos años, llegándose a episodios tan chuscos y rocambolescos como que encabezara su candidatura a la presidencia del Gobierno, en las generales de 2000, un tal Mario Conde.

Aquel ejemplo de lo ocurrido en la capital de España, que marcó el descenso a los infiernos de un partido de claro corte moderado y progresista, debiera servir para quienes en estos días negocian pactos de gobernabilidad en España. La pugna por ocupar el centro político en este país, que es tan vieja como nuestra recuperada democracia, supone hacerse con un granero de votos que suele desequilibrar la balanza de cara a imponerse en las elecciones. Aquellos que aquí aspiran a algo y se alejan del centro suelen pagar cara su osadía. Le ocurrió al CDS en su momento con AP, al PSOE en otros tiempos al aparecer Podemos y, más recientemente, al PP tras la irrupción de Vox por su flanco más diestro. Y esto es algo que en Ciudadanos, siempre tan reivindicativos a la hora de ocupar ese espacio político central, y ubicados hoy en el fiel de la balanza, no deberían olvidar, por la cuenta que les trae.

[‘La Verdad’ de Murcia. 4-6-2019]