¿Alguien se imagina un Consejo General del Poder Judicial sin juristas entre sus miembros? ¿O el órgano equivalente de los médicos sin facultativos en su dirección? Pues bien, es el caso del denominado Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), máxima autoridad de regulación de la comunicación audiovisual en esa comunidad y que tiene como finalidad velar por el cumplimiento de la normativa aplicable a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, tanto públicos como privados. En el Parlamento catalán, los votos de CiU y PP –más la abstención de los socialistas– han posibilitado la elección del presidente de ese órgano en el que, para general estupefacción, no hay un solo periodista.
Dejando a un lado la idoneidad o no de la existencia de un organismo como éste, la situación parece aberrante. La pregunta que surge ahora es la de quién controla al controlador. Evidentemente, los partidos políticos. Y todos sabemos cómo funcionan en cuestión disciplinaria. El que se mueve, no sale en la foto. Así las cosas, resulta difícil creer que el CAC no se mueva por dictados de las formaciones políticas que en él tienen mayoría, con lo que flaco favor se le hace a una profesión que ha sufrido en sus carnes, mucho más que otras, sin duda, la crisis que nos azota, y con el coste que para la libertad de expresión ello va a suponer de cara al futuro. Se me antoja que, una vez más, habremos de echar mano de la sentencia del presidente estadounidense Thomas Jefferson sobre periodismo y gobierno para repetir en voz alta aquello de que preferimos periódicos sin democracia que democracia sin periódicos.
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