Virolas

De actitudes espurias

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Un jueza, a la que nadie por sus militancias pudiera no tildar de progresista, publica hoy en un diario de tirada nacional un revelador artículo sobre las medidas conducentes a acabar con la violencia doméstica. María Sanahuja es magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona y miembro del colectivo Jueces para la Democracia así como de la Plataforma Otras Voces Feministas, porque quiero imaginar que en este último caso hay también variedad, como en el mundo de lo cromático.

Lo titula Las denuncias falsas y en él comienza recordando que, por no seguir la línea marcada, en 2005 se instó desde algunos sectores profesionales al Consejo General del Poder Judicial a que le prohibiera hablar en público sobre el asunto. Fue cuando la citada juez se atrevió a decir ante la opinión pública que se estaban teniendo comportamientos “poco acertados” y denunciar, como reitera en el articulo citado, a “muchas mujeres que utilizaban el Código Penal para obtener mejores condiciones en los procesos civiles de rupturas de parejas”. Ni que decir tiene que esas argumentaciones cayeron como un estridente cañonazo en determinados estamentos, y más viniendo de donde venían. La magistrada Sanahuja se limitó tan sólo, entonces como ahora, a constatar una verdad palmaria, como quien acudiera al dicho popular según el cual siempre han de pagar justos por pecadores. Apelando a la presión mediática, la juez dirige sus dardos en tono de mea culpa tanto a jueces como a fiscales, policías, abogados o periodistas. Uno a uno desgrana que, como si fueran fichas de dominó, el viento que sopla los derriba siempre en la misma dirección ya que su actuación preventiva pasa porque “ellos también tenían familias” y no se trata de romper la disciplina ad hoc. La conclusión a la que llega la magistrada es, cuanto menos, demoledora: “Lo tremendo es estructurar un sistema legal, y una aplicación de la norma, que permita a los perversos utilizar la organización colectiva para conseguir sus objetivos, causando daño a muchos otros (niños, abuelos, padres…), y se mantenga durante años a pesar de la evidencia de que no ha dado resultado. Mueren tantas mujeres como antes”.

La buena intención con la que en el Parlamento español se aprobó en su día y por unanimidad una ley contra la violencia dirigida a las mujeres se desvanece si en su aplicación faltan medios y coordinación. Y no sé hasta qué punto ha de sonar políticamente incorrecto este párrafo del artículo de María Sanahuja: “Hemos consentido la detención de miles de hombres que luego, en su mayoría, han resultado absueltos, y probablemente habremos condenado a más de un inocente, en aplicación de unas leyes que, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denomina “agresor” al denunciado, antes de iniciar cualquier investigación tendente a averiguar la certeza de los hechos”.

Mientras, siguen siendo muchas las mujeres que día a día sufren en silencio su castigo, como rezaba aquel tardo anuncio televisivo sobre cuestión baladí con respecto a la que nos ocupa. La prueba está en que, cuatro años después, no pasa una semana sin que caiga más de una mujer como consecuencia de una violencia que todos debemos combatir y reprobar por lo abyecta y execrable que nos resulta.

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