Virolas

Fallos judiciales

 

Cuando hace unos años al pederasta Santiago del Valle le preguntó un periodista a la puerta de un juzgado si había abusado de su propia hija, éste le espetó que antes de hacerlo con su hija se lo haría con otra. Semejante aseveración de este individuo, cuya presunta responsabilidad en la muerte de la pequeña onubense Mari Luz Cortés es cada vez más evidente, produce repulsión cuanto menos. Del Valle estaba en la calle pese a soportar sobre sus espaldas sendas condenas por abusos a menores: a su propia hija, cuando contaba con sólo cinco años de edad, y a otra niña, de nueve. Fue entonces cuando le retiraron a él y a su esposa la custodia de todos sus hijos.

Los titulares periodísticos lo achacan hoy todo a lo que apuntan lacónicamente como fallos judiciales. Esa cadena de despropósitos se cimenta en un sistema que hace aguas por todas partes. Del Valle se fue en 2006 con su mujer desde Sevilla a Gijón siguiendo el rastro de una niña de 13 años con la que contactó a través de una revista y haciéndose pasar por un adolescente. Allí la acosó y persiguió hasta que la familia de ella lo denunció. Aun cuando sobre él ya pesaban las susodichas sentencias y que un juez le eximió de entrar en prisión por no tener antecedentes firmes, sólo se decretó su alejamiento de la menor. Volvió a malvivir a Sevilla y luego se marchó a Huelva. Cuando desapareció Mari Luz, muchos ojos se volvieron hacia este extraño vecino sobre el que había mil y una habladurías. Visto lo visto, Del Valle cogió sus bártulos y se fue a Granada. Allí lo interrogó la Policía, pero lo dejaron libre porque no encontraron que tuviera deudas pendientes con la Justicia.

Ayer, cuando en un furgón policial lo trasladaron desde su último paradero, Cuenca, hasta Huelva para ser interrogado, una masa enfurecida quiso lincharlo. Se enfrentaron a los agentes que contundentemente defendían la integridad del presunto homicida. Entre esa gente no sólo había gitanos, etnia a la que pertenecía la niña muerta. También había muchos payos. Todos abominando de que un ser que se presume humano pueda haber acumulado el currículum delictivo que atesora ante las mismas narices de quien ha de velar por la seguridad de los individuos que componen la sociedad civil.

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