Periodista Digital·Virolas

La gestación de un intrincado proyecto

 

 

Veinticinco años de autonomía en la Región de Murcia

 

 

 

Aquel 9 de junio de 1982, festividad de San Efrén Siro, amaneció Murcia con un cielo plomizo. Ese día, el Rey de España sancionaría el Estatuto de autonomía de la Región. Mucho había sido el camino recorrido hasta la fecha. Cuando los políticos se sentaron a una mesa para dilucidar qué sería la Región Murciana y, en todo caso, cuáles serían sus límites territoriales, no faltó quien echara la vista atrás y reivindicara lo que ancestralmente conformó el antiguo Reino de Murcia, asentamiento al que daba fuste una Cuenca del Segura más que bien homogeneizada. Era el caso de zonas como la de Hellín, en Albacete; la de Orihuela, en Alicante, o la de la comarca de Los Vélez, en Almería. Sin embargo, a la hora de abordar la cuestión con la mirada puesta en el proyecto pre-autonómico, se zanjó el asunto refrendando que los limites de la Región no serían otros que los que administrativamente regían en ese momento; es decir, básicamente lo que en 1833 diseñara el entonces titular del ministerio de Fomento, Francisco Javier de Burgos.

Así las cosas, la de Murcia fue una provincia que, al constituirse lo que se dio en llamar el Estado de las Autonomías, tuvo que abandonar su tradicional hermandad fraternal con la vecina Albacete –incorporada al proyecto autonómico castellano-manchego– con la que había compartido años de fructífero maridaje.

En aquel entonces, cuando la provincia de Murcia constaba de 43 municipios, las pretensiones de independencia de Cartagena ya eran patentes. Conviene no olvidar que en el preámbulo del Real decreto-ley que otorgaba en septiembre de 1978 la autonomía a Murcia –en realidad, pre-autonomía aún– se hablaba explícitamente  de “la significación de Cartagena como justo reconocimiento a su fundamento histórico, su entidad socio-económica y su singularidad marítima”. Y es ahora, al cumplirse un cuarto de siglo de autonomía, cuando esas mismas aspiraciones han recobrado valor –si es que alguna vez la perdieron– con el nada desdeñable apoyo de instituciones y organismos que sustentan el desarrollo de la comarca.

Tras aprobarse hace 25 años el Estatuto, la de Murcia accedió al espectro autonómico por el artículo 143 de nuestra Carta Magna, o lo que es lo mismo, por la considerada vía lenta frente a lo que ocurriera en aquellas comunidades que fueron definidas como históricas, que se acogieron al 151 y, por tanto, a la denominada vía rápida. Es por ello por lo que se habló de autonomía de segunda y por lo que, en herencia, la distribución electoral en circunscripciones derivó en que el sistema primara el bipartidismo en detrimento de las fuerzas estimadas como minoritarias.

El acuerdo de Floridablanca

Un domingo de enero de 1978, un grupo de destacados dirigentes regionales de los dos partidos mayoritarios, la Unión de Centro Democrático (UCD) y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), se reúne en el hotel Conde de Floridablanca de la capital. Lo hacen para intentar poner en marcha un proyecto coherente que articule el futuro autonómico de la Región. De allí saldrían trascendentales acuerdos que se plasmarían en un pacto, suscrito a finales del mes de marzo, que llevó el nombre del citado establecimiento hotelero al que da título el Conde que fue don José Moñino y Redondo (1728-1808). Así, se constituyó una Asamblea de Parlamentarios que negociaría con el Ejecutivo estatal un anteproyecto de Real decreto-ley de pre-autonomía. La preside el veterano senador centrista José Martínez Garre, mientras la comisión permanente de la misma la forman Ricardo de la Cierva, Antonio Pérez Crespo y Joaquín Esteban Mompeán, por UCD, y Antonio López Pina y José Antonio Bordés Vila, por el PSOE. Un papel preponderante en esos contactos lo jugaría el también parlamentario socialista Ciriaco de Vicente; además se integrarían en la citada asamblea los diputados Mario Arnaldos y Jesús Martínez Pujalte (UCD) así como Francisco López Baeza y Francisco Vivas Palazón (PSOE), junto al senador Salvador Ripoll (UCD), todos ellos elegidos en los comicios del 15 de junio de 1977. Fueron también miembros de ese órgano José Antonio Da Casa (UCD), José Méndez (PSOE), Ceferino Bañón (AP), José Luis López Mesas (PCE), Francisco Martínez Pardo (PSP) y Francisco Artés Calero (ID), todos en calidad de representantes de aquellas fuerzas con presencia en el Parlamento de Madrid.

En septiembre de 1978 se da luz verde al decreto-ley que crea la figura pre-autonómica para la Región de Murcia. En noviembre se constituye el Consejo Regional como órgano de gobierno y lo forman los parlamentarios de las Cortes Generales elegidos por la provincia junto a representantes del territorio más un representante de la Diputación Provincial. Su primer presidente, elegido en noviembre y por espacio de unos seis meses, sería el centrista Antonio Pérez Crespo, si bien luego le sucedería en mayo de 1979 un socialista, Andrés Hernández Ros, quien resultaría elegido tras las elecciones de ese año. Una comisión mixta Estado-Consejo Regional daría los primeros pasos tendentes a obtener unos incipientes acuerdos con el entonces ministro para la Regiones, Manuel Clavero Arévalo.

En marzo de 1979 el Consejo Regional aprueba la que se convertirá en bandera oficial de la Comunidad Autónoma de Murcia. Tiene fondo rojo carmesí  y se basa en un estudio elaborado un año antes por los profesores universitarios Torres Fontes y Jover Zamora en el que se considera que la enseña debe contener un conjunto de coronas en número igual al de entidades comarcales que constituyen la Región junto a cuatro castillos que expresen la condición histórica de frontera del Reino de Murcia. Las cuatro torres representan los castillos de Aledo, Jumilla, Lorca y Mula. Que aparezcan siete coronas se puede atribuir también a que Murcia ha sido siete veces coronada por servicios al Rey. Y es que en el año 1477 se le concedió a la ciudad de Murcia el título de muy noble y muy leal, debido al apoyo que los habitantes habían prestado a la Corona.

Un impulso definitivo

En junio de 1980 el Consejo Regional acuerda iniciar lo que se viene a denominar proceso constituyente regional. Fue sólo unos días después, concretamente el 11 de junio de 1980, cuando se constituye una comisión redactora del anteproyecto de Estatuto, órgano compuesto por 25 miembros en representación de los partidos sentados en el mencionado Consejo Regional así como de aquellas fuerzas que, aun no estando presentes en el órgano de gobierno pre-autonómico, se quiso que se incorporaran a la importante tarea en tan trascendental momento. Formó parte de aquella comisión quien con el tiempo se convertiría en jefe del Ejecutivo, Carlos Collado Mena, que la presidió, así como Antonio Martínez Ovejero, Ciriaco de Vicente y José Plana, por el PSOE; Santiago Vidal, que fue secretario de la misma, José María Damas, Ángel Morenilla y Andrés Santiago Arnaldos, por UCD; Juan Ramón Calero, por AP; Agustín Sánchez Trigueros, por el PCE; José Bonnet, por el PCAN, así como el independiente Mariano Yúfera.

Tras celebrar varios encuentros, que concluyeron a finales del mes de julio, se editó un documento que se repartió entre la ciudadanía para que se conociera el texto provisional, folleto que además adjuntaba las aportaciones que al articulado de forma alternativa presentaban los partidos allí personados. Tras un período de información pública, el texto se publicó en el Boletín Oficial del Consejo Regional. Corría el mes de octubre de 1980. Meses después –marzo de 1981–, la Asamblea de parlamentarios y diputados provinciales lo enviaba a las Cortes Generales y no sería hasta casi un año después –febrero de 1982– cuando se votara en el Congreso de los Diputados. Ese anteproyecto obtuvo entonces un total de 266 votos a favor, ninguno en contra y 26 abstenciones. De allí pasó al Senado, donde también se aprobó, en el mes de mayo, si bien hubo de devolverse a la Cámara Baja al haber sido enmendado. El 25 de mayo de 1982 se aprobaba definitivamente en el salón de plenos del Palacio de la Carrera de San Jerónimo por 258 votos a favor, 5 en contra y 17 abstenciones.

El Rey Don Juan Carlos sancionó el Estatuto el 9 de junio de 1982 por lo que sería esa fecha, y no otra, la elegida para conmemorar desde entonces el Día de la Región de Murcia. Su publicación en el Boletín Oficial del Estado tuvo lugar diez días después, entrando en vigor el 10 de julio de ese mismo año.

Ese día, en Murcia, hacía un calor sazonado con cierto bochorno, como casi siempre suele ocurrir por estos pagos en tan señaladas fechas del calendario. Algunos de sus ciudadanos se hallaban de vacaciones y casi todos dispuestos a contemplar, al día siguiente, la enconada final del Campeonato del Mundo de fútbol en el que, de nuevo, la selección española nos había vuelto a decepcionar. Ganó Italia por 3 goles a 1 a la todavía República Federal Alemana. Entretanto, en una sala cinematográfica de la capital se proyectaba una película cuyo título podría resultar premonitorio: El año que vivimos  peligrosamente. Y comenzaba a andar un bebé llamado autonomía murciana; ese proyecto, convertido hoy en todo un hombre –o toda una mujer– que, transcurrido un cuarto de siglo, ya se ha doctorado en leyes cuanto menos.

*Este artículo aparece publicado este sábado, 9 de junio de 2007, en la edición especial de Hoja del Lunes, órgano que fue de la Asociación de la Prensa de Murcia, salida a la calle con motivo del 25 aniversario del Estatuto de Autonomía de la Región.

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